El método CER y la gestión ética de colonias felinas

CER son las siglas de Capturar, Esterilizar y Retornar. Consiste en capturar a los gatos de una colonia, esterilizarlos quirúrgicamente y devolverlos al mismo sitio del que salieron, marcados en una oreja para identificarlos a simple vista y no volver a capturarlos sin necesidad.

La idea de fondo es sencilla: si los gatos siguen ahí pero ya no se reproducen, la colonia deja de crecer y se va reduciendo sola con el tiempo. En inglés se conoce como TNR (trap, neuter, return) y se aplica en muchos países desde hace décadas.

No son lo mismo, y la diferencia importa porque cada caso necesita una actuación distinta:

• Gato casero: vive en una casa. Si sale, debería hacerlo vigilado.
• Gato perdido o abandonado: vivió en una casa y acabó en la calle. Lo que procede es buscar a su familia o rescatarlo y darlo en adopción — no está preparado para sobrevivir fuera.
• Gato comunitario: ha nacido en la calle y no conoce otra cosa. Apenas se relaciona con personas, no se deja tocar y no se adapta a vivir en una casa. Es el destinatario del CER.

Y dentro de los comunitarios hay grados, que es algo que se pierde cuando se habla de ellos como si fueran todos iguales. Algunos llegan a tener bastante confianza con su gestora —se dejan ver, se acercan a comer, en algún caso incluso tocar— y con nadie más. Otros no se fían de ninguna persona, ni siquiera de quien lleva años alimentándolos. Esa diferencia importa a la hora de capturar, de valorar si un animal podría adaptarse a un hogar y de decidir cómo actuar con cada uno.

Sobre cómo llamarlos: lo correcto es gato comunitario, gato urbano o gato de vida libre. Conviene evitar «asilvestrado», «silvestre» o «feral», porque el gato doméstico (Felis catus) está clasificado como especie doméstica, y tratarlo como fauna salvaje cambia la protección jurídica que le corresponde.

Es la pregunta más frecuente, y la respuesta es que ya se probó durante décadas y no funciona. Cuando se vacía una colonia se produce el llamado efecto de nicho vacío: el territorio queda libre con su comida y sus refugios, y lo ocupan gatos de las zonas de alrededor. En unos meses hay otra vez una colonia en el mismo sitio, esta vez sin esterilizar.

Además, un gato comunitario no es adoptable, y esto no es una opinión: la propia Ley 7/2023 lo define como el gato que «vive en libertad» y «no puede ser abordado o mantenido con facilidad por los seres humanos debido a su bajo o nulo grado de socialización» (art. 3.u). Encerrarlo no lo convierte en un gato de casa.

Conviene decirlo claro, porque es lo que se propone cada vez que hay una queja vecinal: meter en una jaula de por vida a un animal que ha vivido siempre suelto es maltratarlo. Un gato no socializado encerrado no se adapta, se deteriora — deja de comer, se autolesiona, enferma de estrés. No es una solución intermedia entre dejarlo y matarlo: es una condena larga.

Y la vía rápida tampoco está disponible: desde 2023 está prohibido sacrificar a un animal en un centro de protección por falta de plazas, por sobrepoblación o por no encontrarle adoptante (art. 27.a). La ley zanja además el debate de fondo: el objetivo es «reducir progresivamente su población manteniendo su protección como animales de compañía» (art. 38.1), con esterilización e identificación obligatorias. Es decir, el CER no es una opción entre varias — es el método que la ley ordena.

Los gatos son territoriales: reubicados, tienden a intentar volver o a dispersarse buscando un territorio propio, con lo que eso implica de atropellos y peleas. Entre quienes trabajan en esto se repite que «la mejor reubicación es la que no se hace».

Solo tiene sentido cuando no queda otra opción —una demolición, una obra que se come el territorio entero— y aun así hay que hacerla de forma gradual, desplazando poco a poco el punto de alimentación durante semanas, no de un día para otro.

El sitio de destino tampoco vale cualquiera: hace falta que haya comida, refugio y alguien que se ocupe, y que no haya ya otra colonia que los rechace. Sin eso, una reubicación es un abandono con otro nombre — y el abandono es infracción.

Por eso dónde puede haber colonia no lo decide quien se queja. Es una decisión técnica, que parte de dónde están los gatos realmente y de si el sitio reúne condiciones, y que la ley pone en manos del ayuntamiento dentro de su Programa de Gestión de Colonias Felinas. Un traslado porque a alguien le molesta no es gestión: devuelve el problema al punto de partida, y unos meses después hay colonia otra vez.

Porque el problema es la velocidad de reproducción, y es la única variable sobre la que se puede actuar de forma permanente.

• Lo habitual son dos camadas al año —a veces una, a veces tres— de unas cuatro crías cada una.
• El primer celo suele llegar a los cinco o seis meses, aunque hay gatas que se quedan preñadas a los cuatro. Son minoría, pero ocurre.
• El celo lo regulan las horas de luz y la temperatura. En buena parte de España el clima permite que se dé casi todo el año.
• Puede volver a quedarse gestante a las cuatro semanas del parto, todavía dando de mamar a la camada anterior.
• Son de ovulación inducida: ovulan por el propio apareamiento, así que casi cada monta acaba en gestación.

Que alguna se preñe a los cuatro meses es la razón de que en colonias convenga no esperar. La Asociación Americana de Veterinarios de Felinos considera segura la esterilización desde las seis semanas y recomienda hacerla antes de los cinco meses: no hay evidencia de más complicaciones ni de efectos adversos a largo plazo. En un gato de casa no corre tanta prisa; en uno que vive fuera, cada mes de espera puede ser una camada.

Hay un detalle de esa ovulación inducida que explica por qué esto hay que hacerlo a fondo o no hacerlo: una misma camada puede tener varios padres. En colonias urbanas densas ocurre en el 70-83 % de las camadas, frente al 0-22 % en zonas rurales. Es decir, esterilizar solo a unos cuantos machos de una colonia no frena prácticamente nada.

Con esos números, una colonia sin gestionar crece de forma exponencial: diez gatos pueden pasar de cincuenta en tres años. Y alimentarla sin esterilizarla acelera el problema en vez de resolverlo.

Se oye a veces que no hace falta intervenir porque «la naturaleza regula»: entre el 50 % y el 75 % de los gatitos no llega a los seis meses, sobre todo en las primeras ocho semanas, por enfermedad, frío, hambre o depredación. Pero eso no es un argumento en contra de esterilizar, sino a favor. Esa mortalidad no controla la población —en cuanto mejoran las condiciones, se recupera sola— y mientras tanto lo que hay son camadas enteras muriendo en la calle.

El efecto depende de la cobertura, y aquí hay cifras de referencia. Se considera que hace falta esterilizar en torno al 70 % de la colonia solo para que deje de crecer; para que empiece a bajar de verdad hay que acercarse al 90 % o más. Por eso un CER hecho a medias no sirve de mucho: lo que decide el resultado es llegar a casi toda la colonia y sostenerlo en el tiempo, no cuántos gatos se esterilizan en total.

Es una objeción que se hace desde el cariño a los animales, así que merece una respuesta honesta y no una evasiva. Son dos cosas distintas: la marca de la oreja y la propia operación.

La marca de la oreja es un corte pequeño en la punta, hecho bajo la misma anestesia de la esterilización. Cicatriza en unos días y después no molesta: no afecta al oído ni al equilibrio. Y tiene una función muy concreta: es lo único que permite saber a distancia y sin tocar al animal que ese gato ya está esterilizado.

Sin esa marca, el gato vuelve a ser capturado, trasladado, sedado y abierto para comprobar algo que ya se había hecho. Es decir: esa marca evita sufrimiento, no lo causa. Es el mínimo imprescindible para que el método funcione.

La esterilización sí es una cirugía y sí retira los órganos reproductores. Pero la comparación honesta no es con un gato intacto que vive tranquilo, sino con lo que de verdad ocurre en la calle: camadas una detrás de otra, crías que mueren a las pocas semanas, peleas por celo, heridas que se infectan, enfermedades que se contagian precisamente en esas peleas y montas, y una vida corta.

A eso se añade lo que la operación previene. En las hembras elimina la piometra —una infección de útero que mata si no se trata a tiempo— y otros trastornos reproductivos, y reduce mucho el riesgo de tumores mamarios: las gatas esterilizadas antes del año tienen un 86 % menos de riesgo de desarrollarlos que las no esterilizadas, según la literatura veterinaria. En los machos baja la agresividad, el vagabundeo y el marcaje, y con ello las heridas y los contagios que vienen de las peleas.

Para ser justos: en medicina veterinaria se discute cuál es la edad óptima y qué otros riesgos introduce la cirugía en animales de compañía. En un gato que vive en la calle, en cambio, el balance no está en discusión.

Si hay un dato que resume todo esto, es la esperanza de vida: un gato en una colonia sin gestionar vive entre dos y cinco años. En una colonia con CER, alimentación y seguimiento veterinario, entre ocho y diez. El doble o el triple de vida.

Así que sí: es el mal menor, y se hace en lo mínimo imprescindible. Nadie que trabaje en esto lo hace por gusto — se hace porque la alternativa, para los propios gatos, es mucho peor.

No, y esto ya no es una aspiración: es lo mínimo que la ley exige. Aprovechando que el animal está sedado para la operación, se hace todo lo demás de una vez.

• Desparasitación interna y externa.
• Vacunación.
• Identificación con microchip, registrado a nombre de la administración local.

No es una lista de buenas intenciones. El artículo 39.1.f) de la Ley 7/2023 obliga a los ayuntamientos a incluir en sus programas un «programa sanitario de la colonia, suscrito y supervisado por un profesional veterinario colegiado, incluyendo al menos la desparasitación, vacunación e identificación obligatoria mediante microchip con responsabilidad municipal», y el art. 38.2 hace obligatorias la esterilización y el microchip para todos los gatos comunitarios.

Durante años a esto se le llamó «CER 3.0», porque era la versión ampliada de un método que la mayoría no aplicaba ni en su forma básica. Hoy el término sobra, y conviene dejar de usarlo: no es una mejora a la que aspirar, es el suelo legal.

Qué vacunas, la ley no lo dice. Se entiende que la trivalente felina —panleucopenia, calicivirus y herpesvirus—, que es la que tiene sentido poner a ciegas en una captura. La de leucemia no, porque exigiría testar antes. Y la antirrábica depende de cada comunidad autónoma: la ley estatal no la menciona para colonias, así que hay territorios donde es obligatoria y otros donde solo se recomienda. De la de leucemia y del testado se habla más abajo, porque es la duda que más se repite.

La vacunación no es un extra, y conviene saber de qué protege, porque las tres enfermedades de la trivalente no matan rápido: hacen sufrir mucho tiempo.

• Panleucopenia —la parvovirosis del gato— puede llevarse por delante hasta el 90 % de los gatitos de una colonia durante un brote.
• Calicivirus provoca úlceras en la boca y en la lengua, y según las guías de la ABCD son «muy dolorosas» y le impiden al gato comer y beber. Un animal de colonia con la boca destrozada se muere de hambre teniendo el comedero delante.
• Herpesvirus es la principal causa de úlceras en la córnea. En los cachorros la infección ocular es especialmente grave, y los brotes repetidos van dañando la córnea hasta dejar ciego al animal. Sin tratar a tiempo, se pierde el ojo.

Son muertes lentas y con dolor, no un riesgo abstracto. Una colonia esterilizada pero sin protocolo sanitario sigue expuesta a perderse entera.

El microchip es lo que más cambia las cosas: permite saber cuántos gatos hay de verdad, seguir a cada uno y tener un censo real en lugar de una estimación. Es también lo que convierte la gestión de colonias en algo medible — que es, precisamente, lo que esta web echa en falta en los datos públicos.

Son dos virus distintos y se comportan distinto, lo que explica por qué se tratan de forma diferente. Los datos son de las guías de retrovirus felinos de la AAFP.

• Inmunodeficiencia (FIV). Se contagia por mordeduras, en peleas serias con sangre. Entre gatos que conviven el contagio es «poco frecuente», y en grupos estables donde no se pelean la transmisión es baja. Es decir: un positivo puede convivir con negativos si se llevan bien.
• Leucemia (FeLV). Esta va por cualquier fluido —saliva, secreciones nasales, heces, orina y leche— y se transmite también en el trato amistoso: acicalándose, compartiendo comedero, de madre a cría. Aquí sí conviene separar. Hay vacuna, pero ninguna es eficaz al 100 %.

Con esto en la mano se entiende la posición de los organismos veterinarios sobre el test, que sorprende a mucha gente: en un programa CER no se testa de rutina. La AAFP recomienda destinar esos recursos a esterilizar más gatos, que es lo que de verdad corta el contagio — la esterilización elimina las dos vías principales: de madre a cría en la leucemia, y las peleas entre machos en ambas.

• La prevalencia es baja, aunque varía mucho de un sitio a otro: cambia según la zona, la población y hasta la colonia concreta, así que ninguna cifra vale como universal. Como orden de magnitud, en gatos comunitarios se ha medido un 4,3 % de leucemia y un 3,5 % de inmunodeficiencia, y los programas grandes reportan entre el 1 y el 2 %. Testar a todos para encontrar a unos pocos es gastar en tests lo que falta en quirófano.
• Y donde la prevalencia es baja, el test falla más de lo que parece: la AAFP calcula que en una población con menos del 0,5 % de infección, más de la mitad de los positivos son en realidad gatos sanos. Un positivo suelto no confirmado no significa gran cosa.
• Un positivo no justifica sacrificar a nadie: puede vivir años y bien. La AAFP se opone expresamente a la eutanasia por el solo hecho de serlo.
• En cachorros de menos de ocho meses el resultado ni siquiera es fiable.

Testar sí tiene sentido en dos casos: cuando el gato no va a volver a la calle —resultó sociable y se queda en acogida o adopción, donde va a convivir con otros— o cuando está enfermo y hay que averiguar la causa para tratarlo.

Sí, y es de los cambios más importantes que ha vivido la medicina felina. La peritonitis infecciosa felina —la mutación de un coronavirus propio del gato— mataba prácticamente a todos los animales que la desarrollaban: durante décadas un diagnóstico de PIF era una sentencia de muerte. Hoy hay antivirales que la curan.

• GS-441524: una revisión sistemática de once estudios y 650 gatos le atribuye remisión en el 84,6 % de los casos.
• Molnupiravir: resultados equiparables. En un estudio comparativo con 118 gatos, de los que completaron el tratamiento entraron en remisión 48 de 48 con el primero y 51 de 52 con el segundo.

El problema ya no es que no exista tratamiento, sino poder acceder a él. Es legal para uso veterinario en el Reino Unido, Países Bajos, Australia, Francia y Estados Unidos, pero en España no está disponible para la práctica veterinaria habitual, y ninguna compañía ha solicitado todavía su aprobación. Veterinarios europeos llevan tiempo reclamando una vía legal, porque la situación deja al profesional entre no tratar o hacerlo con producto sin licencia.

Que esto se sepa importa: mucha gente sigue con la idea de que un diagnóstico de PIF es una eutanasia inmediata, y ya no lo es.

Y hay una segunda línea abierta, aunque más verde. El mismo molnupiravir se está usando para la gingivoestomatitis crónica, esa inflamación de boca asociada al calicivirus que deja al gato sin poder comer. En España se viene probando desde hace dos o tres años por vía oral durante varios meses, y quienes lo hacen describen mejorías notables ya en la primera semana.

Aquí toca ser honestos con la diferencia: en el PIF hablamos de una revisión de 650 gatos, y en la gingivoestomatitis la evidencia publicada es todavía muy escasa —lo presentado hasta ahora son series de pocos casos—. Que funcione en muchos gatos y que esté demostrado no es lo mismo, y conviene saber en cuál de los dos sitios está uno. Hay además una advertencia de los propios veterinarios: usar estos antivirales sin control puede generar resistencias y estropear un fármaco que hoy salva vidas.

No damos aquí ni pautas ni proveedores: esto no es consejo veterinario y cada caso lo tiene que valorar un profesional. Si estás en esa situación, escríbenos por el formulario y te decimos dónde informarte.

Porque no es solo una cuestión de bienestar animal: una colonia sin gestionar genera problemas que acaban costando dinero de todas formas. Ruido por peleas y celos, olores, suciedad, quejas vecinales que hay que tramitar, avisos a la policía local, animales enfermos o atropellados en la vía pública y plazas ocupadas en los centros de protección animal.

La diferencia es que el CER es un gasto que decrece: una colonia controlada necesita cada vez menos intervenciones, mientras que no hacer nada genera un gasto que crece con la población.

Y hay un motivo más simple: la ley lo atribuye a las entidades locales. No es una actividad opcional que unas administraciones decidan financiar por sensibilidad.

En la práctica, buena parte lo sostienen asociaciones y personas voluntarias: alimentan las colonias, hacen las capturas, llevan a los animales a la clínica y los devuelven. Casi siempre pagándolo de su bolsillo, aunque conviene repetirlo: no son sus animales ni los han puesto ahí, y por ley son responsabilidad de la administración.

Y no solo eso. Gracias a gestoras, rescatistas y asociaciones, miles de gatos salen cada año de las calles y de los pueblos: cachorros, animales sociables que sí pueden vivir en una casa, heridos y enfermos que necesitaban atención. Ese trabajo no aparece en ninguna estadística oficial, pero es el que evita que muchas de esas colonias existan siquiera.

Esa es la razón de que existan las subvenciones que recoge esta web: las de entidades de protección animal y las de entidades locales.

Conviene saber de qué cantidades hablamos, porque circula la idea de que esto son chiringuitos que viven de subvenciones. Según los datos de esta misma web, la mitad de las ayudas concedidas desde 2021 no llegó a los 3.668 €. Para situarlo: esterilizar cuesta de 30 a 50 € un macho y de 60 a 100 € una hembra, y alimentar una colonia de diez gatos ronda los 400 € al año solo en pienso seco —según los cálculos del modelo de propuesta de contratación que puedes descargar en Recursos—. Ahí no entran la comida húmeda, los medicamentos, las pruebas veterinarias, el material de captura ni la gasolina.

Y hay algo que se entiende mal casi siempre: la subvención no financia un proyecto, reembolsa una pequeña parte de lo ya gastado. El artículo 11 de la Orden DSA/1045/2021 lo reparte «de forma directamente proporcional al importe de los gastos acreditados», y como la bolsa es fija y las solicitantes se cuentan por cientos, a cada una le toca un porcentaje: hay asociaciones que justifican 14.000 o 15.000 € para acabar cobrando poco más de 5.000, alrededor de un tercio. Con las ayudas autonómicas y municipales pasa algo parecido donde las hay, que no es en todas partes, y a veces con requisitos que muchas entidades no pueden cumplir.

Ese gasto declarado, además, tampoco es el gasto real: solo entran los conceptos que la convocatoria admite como subvencionables. Lo que se queda fuera —y hay bastante— no existe para la subvención: ni cuenta ni suma.

A eso se añade que muchas entidades ni se presentan —por desconocimiento, o porque no hay manos para la gestión— y que, de las que sí lo intentan, cada vez quedan más fuera pese a cumplir requisitos y plazos, por falta de puntos —es decir, realmente, de presupuesto—. Los datos de esta web lo enseñan con claridad:

• En 2021, el 92 % de las protectoras que solicitaron la ayuda estatal la recibió.
• En 2025, solo el 53 %: de 840 solicitudes, 446 con ayuda y 394 sin nada.
• Ese año, 279 entidades quedaron fuera; es decir, uno de cada tres solicitantes.

La diferencia la ponen las voluntarias y quienes donan. Y esto ya no hay que estimarlo: lo ha medido la propia Administración. En una encuesta de la Dirección General de Derechos de los Animales a 463 cuidadoras, recogida en su Plan de Acción 2026-2030, sale que una persona cuidadora se gasta de media unos 2.200 € al año, y que el 93 % de ese dinero es suyo.

El mismo plan calcula, a partir de presupuestos municipales reales, que aplicar el CER cuesta unos 150 € por gato el primer año y unos 80 € al año de mantenimiento después: con la subvención mediana, unos veinticuatro gatos.

Esa encuesta deja además otro dato que explica bastante: el 72,5 % de las cuidadoras y entidades dice tener dificultades con su ayuntamiento. Los dos motivos más citados son el desinterés institucional y, directamente, la falta de respuesta.

Y nada de lo anterior cuenta el tiempo. Alimentar una colonia son, en la mayoría de los casos, 365 días al año, haga frío o sea Nochebuena; algunas —en polígonos o a las afueras— se visitan cada pocos días, aunque allí lo que se ahorra en frecuencia se va en desplazamiento. Una captura puede llevar varios días o noches; a eso se suman los traslados a la clínica, las urgencias, el seguimiento de las adopciones y el papeleo de cada convocatoria. Nadie ha contado nunca esas horas —no existe la cifra—, pero el cálculo lo puede hacer cualquiera: atender una sola colonia a diario ya son cientos de horas al año, y quienes lo hacen en España se cuentan por miles.

Conviene decirlo con todas las letras: eso es trabajo, y como cualquier otro debería estar remunerado. Llamarlo voluntariado sale muy barato a quien tiene la obligación legal de hacerlo y no lo hace.

Sí, y es la otra mitad del trabajo. El CER resuelve la colonia que ya existe, pero el origen está antes: la propia Ley 7/2023 dice que estas colonias tienen su origen en gatos «abandonados, extraviados o merodeadores sin esterilizar», y que son «producto de la tenencia irresponsable».

Por eso castrar e identificar a los gatos de casa ya es obligatorio. El artículo 26 impone «identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad», salvo los inscritos como reproductores a nombre de un criador registrado. Y no queda en una recomendación: el artículo 39.1.i) obliga a las entidades locales a establecer «mecanismos normativos y de vigilancia para llevar a cabo el control y la sanción» de quien tenga gatos sin identificar ni esterilizar.

Y la identificación no es ninguna novedad: muchas comunidades autónomas ya la exigían antes de la ley estatal. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la Ley 4/2016 obliga a identificar con microchip a perros y gatos antes de los tres meses de edad (art. 14.1), y a comunicar el cambio de titularidad en tres días hábiles.

Lo que pasa es que apenas se comprueba. Un gato que vive en casa no se cruza con nadie que pueda pedirle la identificación —a diferencia de un perro, que sale a la calle todos los días—, así que la obligación pasa desapercibida durante años. Hasta que el animal se pierde o lo abandonan, que es exactamente cuando el chip habría servido para algo.

Junto a eso está el trabajo menos vistoso y probablemente el más rentable a largo plazo: concienciar, informar y educar. Charlas en colegios, campañas de esterilización e identificación a precio asequible, información sobre proteger ventanas y terrazas, sobre qué implica adoptar, sobre por qué un gato no debe andar suelto sin castrar. Lo hacen las asociaciones —casi siempre por su cuenta— y algunos ayuntamientos que sí se lo han tomado en serio. La ley también lo contempla: entre sus fines están «desarrollar actividades formativas, divulgativas e informativas» y «promover campañas de identificación, vacunación, esterilización, cría y venta responsable».

El razonamiento es sencillo: cada gato castrado a tiempo es una colonia que no llega a existir. Y cuanta menos gente pierda o abandone a su gato, menos trabajo hay que hacer después en la calle.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales reparte el trabajo de las colonias así:

• Los ayuntamientos deben desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas, que incluyen censo y mapeo, esterilización con marcaje auricular, programa sanitario con identificación por microchip y protocolos para los conflictos vecinales (art. 39.1).
• Y lo pagan ellos. No es un servicio que se preste si sobra presupuesto: la entidad local asume «la responsabilidad de la atención sanitaria de los gatos comunitarios que así lo requieran», siempre con veterinario colegiado (art. 39.1.c), y el microchip se registra a su nombre (art. 38.2). Puede apoyarse en entidades de protección animal inscritas (art. 39.1.b), pero la obligación no deja de ser suya.
• Un municipio pequeño no se queda sin salida. Para cumplir con las obligaciones de esta ley, las administraciones locales pueden recabar el apoyo de diputaciones, cabildos y consejos insulares (art. 39.3), y colaborar con entidades de gestión de colonias inscritas en el registro (art. 39.1.b). «No tenemos medios» no es una excepción que la ley contemple: es el supuesto para el que da estas vías.
• Las comunidades autónomas deben generar los protocolos marco de referencia, cuyo contenido mínimo enumera la propia ley en diez apartados (art. 40).

Y la ley va mucho más allá de las colonias. Es extensa, pero conviene saber que también obliga a esto, porque casi todo acaba recayendo en las mismas manos:

• Recoger a los animales perdidos y abandonados y alojarlos en un centro de protección animal corresponde a los ayuntamientos, que deben contar con un servicio de urgencia de recogida y atención veterinaria disponible las veinticuatro horas del día (art. 22.1), con un servicio propio, mancomunado o concertado (art. 22.2). La ley prevé que se haga, siempre que sea posible, en colaboración con entidades de protección animal.
• Y tenerlos hasta que encuentren familia: está prohibido sacrificar a un animal en un centro de protección —público o privado— por motivos económicos, de sobrepoblación, por falta de plazas o por no hallar adoptante en un plazo determinado (art. 27.a).
• La ciudadanía también tiene obligaciones, no solo las administraciones: «todas las personas están obligadas a tratar a los animales conforme a su condición de seres sintientes», y quien convive con uno debe mantenerlo en condiciones de vida dignas (art. 24). Y sobre las colonias en concreto, el art. 41 obliga a respetar «la integridad, seguridad y calidad de vida de los gatos comunitarios», y también los comederos y refugios del programa — que es justo lo que destroza quien no las quiere cerca.
• Y reconoce por fin la casa de acogida como figura legal (art. 3.l): el domicilio particular que, en colaboración con una administración o una entidad, cuida a estos animales mientras tanto. Que es como funciona buena parte de las asociaciones que aparecen en esta web.

Merece la pena detenerse en una cosa más: el artículo 39.2 dice que la Administración General del Estado «establecerá líneas de subvención en favor de las entidades locales» para que puedan cumplir con las colonias felinas. Esa es, literalmente, la línea de ayudas a entidades locales cuyos datos recoge esta web.

Hay una obligación más, la de rendir cuentas: los municipios deben «en todo caso, elevar anualmente» a su comunidad un informe estadístico sobre cómo van esos protocolos (art. 39.1.g). No consta que se esté recopilando en ninguna parte — eso se cuenta con detalle al final de la página de inicio.

Y hay un cambio de fondo que conviene tener presente, porque es el que sostiene todo lo demás: desde la Ley 17/2021 los animales dejaron de ser «cosas» en el Código Civil. Su artículo 333 bis.1 dice ahora que «los animales son seres vivos dotados de sensibilidad», y que solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas «en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección». El apartado 2 del mismo artículo habla ya de su «cualidad de ser sintiente».

El Código Penal va en la misma línea. La Ley Orgánica 3/2023 creó un título propio para esto —el XVI bis, artículos 340 bis y siguientes— que castiga el maltrato, la explotación sexual y el abandono de animales. Sustituyó al antiguo artículo 337, que quedó derogado, y amplió la protección a cualquier animal vertebrado, no solo a los domésticos. No estamos hablando de sensibilidad personal ni de opiniones sobre gatos, sino de lo que ya dice la ley.

No es un experimento: se aplica desde hace décadas. En el Reino Unido se empezó a promover en los años setenta: en 1975 Ruth Plant organizó el National Cat Rescue Coordinating Committee y en 1977 se fundó el Cat Action Trust, que sigue esterilizando colonias. En Francia, un grupo de vecinos del distrito XVIII de París creó en 1977 el Comité de Défense des Bêtes Libres —hoy École du Chat—, y el primer gato esterilizado y devuelto a su territorio fue liberado en el cementerio de Montmartre en junio de 1978. En Estados Unidos se extendió desde los años noventa.

Fuera de España

• Roma declaró a sus gatos patrimonio biocultural en 2005; hoy tiene del orden de 5.000 colonias censadas y son hasta un atractivo de la ciudad.
• Según la Guía Integral del CER, el método está implantado en Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Estados Unidos, Japón, Kenia y Túnez.

Las pioneras en España

• Barcelona fue la primera: en 2003 aprobó la primera ordenanza municipal de protección animal de España y arrancó su programa CER, después de que el pleno declarara el sacrificio cero. Hoy tiene alrededor de 640 colonias controladas con cerca de 7.300 gatos.
• Después vinieron Gijón y Zaragoza, entre otras. Y antes que todas ellas, en Empuriabrava (Girona) unos vecinos habían puesto en marcha por su cuenta el primer programa serio de esterilización, sin esperar a ninguna administración.

Y el mejor ejemplo de ahora

Córdoba es el caso que más se cita, y con motivo. El programa arrancó con el convenio que SADECO —la empresa municipal— firmó con FAPAC el 30 de octubre de 2020; en febrero de 2021 se sumó el Colegio de Veterinarios, que aportó 23 clínicas, y también participa FdCATS. Los resultados, según el propio colegio profesional:

• 225 colonias gestionadas y más de 5.000 gatos esterilizados.
• Una tasa de esterilización del 95 %, muy por encima del umbral en el que la población deja de crecer.
• El 70 % de las colonias de la ciudad, bajo control.

Junto a la esterilización va todo lo demás: desparasitación, vacunación, microchip a nombre del ayuntamiento y adopción de los gatos sociables. Es, en la práctica, el protocolo completo aplicado a escala de ciudad entera. También hay municipios pequeños que lo hacen bien, como Yecla (Murcia) o Albarracín (Teruel): no es cosa solo de ciudades grandes con presupuesto.

Y no son cuatro casos sueltos. La misma guía enumera decenas de municipios españoles con el método implantado —Málaga, Bilbao, Huesca, Vitoria, Ourense, Mérida, Terrassa, Sabadell, Badalona, Torrevieja, Utrera y muchos más—. Entre ellos hay varios de Canarias (Güímar, El Rosario, Garachico, Santa Úrsula), que es precisamente donde el argumento de la biodiversidad tiene más peso: allí también han concluido que la salida es gestionar, no eliminar.

Lo que tienen en común los que funcionan no es el tamaño ni el dinero: es haberlo sostenido en el tiempo y haberlo hecho con las asociaciones de la zona, no contra ellas.

Es el argumento favorito de mucha gente que defiende a los gatos, y hay que decirlo: la evidencia no lo sostiene. Como resume Eneko Arrondo, investigador de la Universidad de Granada, los gatos no matan ratas suficientes como para que su población se resienta, suelen fallar cuando lo intentan —sobre todo con las grandes— y en ciudades tan pobladas de roedores como Nueva York las ratas ni siquiera aparecen en los estudios de dieta de los gatos de calle.

Lo que ocurre es más sutil: las ratas cambian de comportamiento para no coincidir con los gatos. Desaparecen de la vista, no de la población.

Pero hay una razón de fondo para no usar este argumento aunque funcionara, y es la que de verdad importa: un gato no es una herramienta. Defenderlos por su utilidad implica aceptar que, el día que dejaran de ser útiles, sobrarían. Y no sobran: son animales protegidos por la ley y reconocidos como seres sintientes, no un servicio de control de plagas.

Los ayuntamientos ya tienen medios propios para los roedores. Y tampoco es que sean inocuos: los venenos que se usan matan de forma lenta, y además siguen subiendo por la cadena, envenenando a quien se come al roedor —rapaces y otra fauna, y también gatos—. Es decir, ni el CER va de ratas ni el método químico es precisamente amable con la biodiversidad.

Y hay algo más, aunque se salga del asunto de los gatos: que en pleno siglo XXI se siga matando así a las ratas —que también son animales sintientes— dice bastante de lo poco que se ha buscado una alternativa. Una agonía de varios días no deja de ser crueldad porque la víctima caiga mal.

Y dice bastante también de cómo funcionan las cosas: la sensibilidad social cambia mucho más deprisa que las administraciones, que casi siempre llegan tarde y se limitan a repetir lo que siempre se hizo. Pasó con el sacrificio de las colonias, que se mantuvo durante décadas sabiendo que no funcionaba, y sigue pasando aquí.

Es la objeción más seria que se le hace al CER, y merece una respuesta seria en vez de una discusión. Lo primero es dejar de hablar de «los gatos» en abstracto: como resume un informe de AVATMA —asociación de más de 600 veterinarios, firmado entre otros por el catedrático Octavio Pérez Luzardo y basado en un texto del investigador del CSIC Francisco Rubén Badenes-Pérez—, «dependiendo de la ubicación y el contexto, el impacto general de los gatos en la biodiversidad puede ser negativo, neutro o positivo».

• En la península, «para la mayor parte de España, la fauna que puede ser depredada por los gatos está acostumbrada a depredadores como ellos».
• En zonas urbanas —donde están las colonias gestionadas— los impactos «suelen ser limitados», porque la mayoría de gatos viven pegados a los asentamientos humanos.
• En islas el riesgo sí es mayor, porque faltan depredadores nativos parecidos. Pero incluso en Canarias las presas más comunes de los gatos son mamíferos introducidos: conejos y roedores.

El mismo informe recuerda que la Real Sociedad para la Protección de las Aves británica sostiene que «a pesar del gran número de aves que matan los gatos en los jardines, no hay evidencia científica clara de que tal mortalidad esté causando un descenso de las poblaciones de aves».

Generalizar a partir de casos puntuales tiene además un nombre en la literatura: «pánico moral» a los gatos. Presentarlos como si siempre y en todas partes tuvieran un impacto negativo no es una conclusión científica, es una extrapolación.

La pregunta útil, entonces, no es si los gatos cazan —cazan—, sino qué hacer al respecto. Y ahí hay tres opciones sobre la mesa:

• Matarlos. Además de estar hoy fuera de la ley, no funciona: el efecto de nicho vacío repuebla el territorio, y es «prácticamente imposible retirar a todos los gatos de una región».
• Encerrarlos en centros de protección animal. Ni hay capacidad material para ello, ni es una alternativa humanitaria: un gato comunitario no está socializado, y encerrarlo de por vida en una jaula no lo convierte en un gato de casa, lo somete a un estrés permanente. Es otra forma de maltrato, solo que menos visible que matarlo. Y desde 2021 los animales son, también aquí, seres sintientes a efectos del Código Civil.
• Gestionarlos. Esterilizar, censar e identificar, partiendo de dónde están las colonias en la realidad. Y conviene decirlo claro: eso no significa que se las pueda trasladar porque alguien lo decida sobre un mapa. Reubicar casi siempre fracasa —como se explica más arriba—, así que en un espacio de verdad vulnerable lo que procede son medidas concretas y graduales, no vaciarlo.

Quien más claro lo ha explicado en España es Octavio Pérez Luzardo, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria —es decir, desde el sitio donde el problema sí es real—. Su argumento es que los programas de retirada fracasan, son «carísimos» y generan «gran rechazo social», mientras que una colonia esterilizada y bien alimentada caza menos, porque sus necesidades están cubiertas.

Y hay algo que suele perderse en la discusión: la ley ya contempla esto. El artículo 40 de la Ley 7/2023 obliga a las comunidades autónomas a fijar, entre el contenido mínimo de sus protocolos, los «criterios para (…) evitar los efectos significativos de los individuos que habitan dichas colonias sobre la biodiversidad circundante». No es que nadie haya pensado en ello: es que hay que aplicarlo.

Por eso esto no debería ser un bando contra otro. Lo que pide la conservación —saber cuántos gatos hay, dónde están y que su número deje de crecer— es exactamente lo que produce un CER bien hecho: censo, mapeo, microchip y menos camadas cada año. Sin gestión no hay datos, y sin datos no hay conservación posible.

Si hasta ahora no se ven grandes resultados en España, la explicación más sencilla es que apenas se ha hecho: tarde, a medias y sin continuidad. Donde sí se ha sostenido en el tiempo, los resultados están.

Mientras tanto, quienes sacan gatos de la calle todos los días son las gestoras, las rescatistas y las asociaciones, casi siempre de forma voluntaria y adelantando el dinero. Ahí hay sitio para todo el mundo: quien se preocupa de verdad por la fauna silvestre y quiere menos gatos sueltos tiene en el CER a un aliado, no a un adversario — y unas manos de más siempre ayudan más que un debate.

«One Health»: la salud es una sola.

Es el enfoque que reconoce que la salud de las personas, la de los animales y la del medio ambiente están conectadas, y que no tiene sentido gestionarlas por separado. Lo impulsan la Organización Mundial de la Salud junto a las organizaciones de sanidad animal y alimentación. Una colonia censada, esterilizada, desparasitada y vacunada no es solo mejor para los gatos: es un foco menos de lo que sea, y sobre todo es información de la que antes no había nada.

El contagio es más mito que realidad.

La enfermedad que siempre sale en esta conversación es la toxoplasmosis, y conviene saber cómo se transmite de verdad. Según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, las vías habituales son comer carne poco hecha, agua contaminada, leche sin pasteurizar y frutas y verduras mal lavadas. Es, ante todo, una enfermedad de transmisión alimentaria.

• Un gato elimina el parásito durante un máximo de unas tres semanas tras infectarse, y los adultos que ya pasaron por ello tienen menos probabilidad de volver a eliminarlo.
• El riesgo no está en acariciar a un gato, sino en manipular heces sin lavarse las manos después.
• Una colonia con el protocolo sanitario completo —desparasitada, vacunada y con seguimiento— reduce todavía más ese margen.

Dicho de otro modo: es bastante más probable llevarse un disgusto por una ensalada mal lavada que por un gato de la calle.